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En los últimos años, el acceso al aborto no solo se ha visto amenazado por leyes restrictivas, discursos antiderechos y retrocesos institucionales. Cada vez con mayor fuerza, las barreras también se despliegan en el ámbito digital.

Por: Denisse Robles Ramírez

En México, no se puede hablar de derechos sexuales y reproductivos sin abordar las desigualdades estructurales que  impiden su ejercicio  pleno.  Mucho menos, sin reconocer cómo el racismo condiciona la forma en que ciertos cuerpos acceden o no a servicios, información y decisiones sobre sus propios cuerpos. Ser mujer afrodescendiente y decidir sobre tu cuerpo es aún, un acto de resistencia.

En nuestro interés y compromiso con la lucha por los derechos y las vidas y plenas de las adolescencias, el tema de las juventudes y sus relaciones con el crimen organizado es algo que no podemos ignorar. Estamos viendo cómo la violencia estructural —la que viene desde el Estado y los grandes sistemas que rigen nuestros mundos— afecta las vidas de las personas jóvenes, despojándoles de posibilidades y dejándoles pocas opciones de vida.

Este 24 de abril celebramos el 18 aniversario de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Desde 2007, este derecho ha permitido que mujeres, hombres trans, personas no binaries y personas con capacidad de gestar puedan interrumpir un embarazo de forma legal, segura y gratuita. Este evento marcó un antes y un después para los derechos sexuales y reproductivos en el país y la región, pues fue abriendo camino para el reconocimiento del aborto como un asunto de salud pública.

El aborto es una de las experiencias reproductivas más comunes en la vida de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Es tan común que es muy probable que en una reunión con amigues o familiares esté presente alguien que ha abortado, pero no lo sabemos porque simplemente no se habla de ello. Es el estigma lo que hace que, en muchas ocasiones, el aborto se viva en secreto, con culpa o miedo al juicio de las demás personas.

Cuando hablamos de legitima defensa nos referimos al derecho que tiene una persona de repeler una agresión real actual e inminente utilizando los medios racionales y proporcionales a la amenaza que está viviendo.

Las mujeres y disidencias enfrentamos altos índices de violencia e impunidad: lo sabemos. Por ello, muchas colectivas y organizaciones feministas nos hemos articulado para accionar de distintas maneras: el litigio, la acción directa, la incidencia, el trabajo comunitario, el trabajo periodístico, la investigación, la docencia, entre otros. En este camino recopilar información de entidades públicas ha sido clave.