Una reflexión sincera sobre la objeción de conciencia

No es novedad que frente a derechos como el acceso a aborto, los grupos conservadores construyen estrategias encaminadas a dificultar o impedir que las personas puedan ejercer su autonomía y contar con información y procedimientos seguros. En este caso, la objeción de conciencia es una de las estrategias que se han utilizado para ello, aunque esta no siempre ha simbolizado el atropello de los derechos humanos y es importante reivindicarlo y recuperarlo como un derecho humano.

La guerra y la conciencia de la ciudadanía

Uno de los primeros usos que tuvo la objeción de conciencia se remonta a principios del siglo XX, por la oposición de una parte de la ciudadanía eruopea a realizar el servicio militar, partiendo del argumento de ser obligaciones contrarias a su ética y su conciencia.

La posibilidad de que la objeción de conciencia pudiera afirmarse como un derecho constitucional, en algunos países, fue precisamente resultado del avance de los derechos humanos. Una de las premisas más importantes en ese proceso partió de la concepción de que la objeción puede ser un medio de resistencia a la intromisión del Estado en la vida de las personas. También se reconoce que el ejercicio de la objeción de conciencia tiene límites: al ser algo inherente a la persona en la esfera individual, no puede ser utilizada desde lo colectivo o lo institucional, o que atente en contra de la integridad y autonomía de otras personas.

La objeción de conciencia se constituyó como un derecho para contrarrestar las políticas de guerra de los gobiernos. Sin embargo, hoy en día se utiliza por grupos conservadores para afectar los derechos de otras personas con base en una ideología que desconoce la autonomía de mujeres, hombres trans y personas no binaries, a fin de imponer sus creencias por encima de la autodeterminación y la libertad de éstas y en el que la salud termina como moneda de cambio.

El falso dilema

El problema de la objeción de conciencia no es en sí mismo el derecho a negarse a realizar acciones que son contrarias a las creencias personales, sino su uso e implementación para dificultar y limitar el acceso de otras personas a sus derechos sexuales y reproductivos, tal y como sucede con el aborto, el cual es el único procedimiento médico que está sujeto a esta práctica y que se regula a través de los códigos penales y no a partir de la Ley de Salud.

Estas coincidencias no son sopresa para nosotras: sabemos que el problema no es el aborto, sino el estigma que hay sobre éste y que influye en la forma en que se construyen las políticas públicas, las regulaciones para brindar el acceso a los servicios e insumos, y las currículas universitarias que no le enseñan a lxs futurxs médicxs cómo realizar procedimientos de aborto con la información técnica más actualizada y con base en derechos.

No estamos en contra de la libertad de conciencia de las personas, estamos en contra de su cooptación para impedir nuestros derechos. Ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y lo sabíamos desde antes: la obligación del Estado es garantizar el acceso de todas las personas a sus derechos, así como buscar a personal NO objetor para que forme parte de sus equipos de ginecobstetricia, a fin de tener los recursos humanos necesarios para garantizar el acceso oportuno y de calidad para todas las personas gestantes.

Existen límites y obligaciones

El personal de salud tiene obligaciones y aunque hay un derecho a ser objetor, la SCJN también hizo énfasis en que hay un límite muy claro en su uso. Al ser servidores públicos deben responder frente a situaciones de emergencia o en las que no haya otra opción para brindar la atención necesaria. En estos casos, se priorizará el acceso de la persona embarazada al proceso de aborto por el impacto que la negación del servicio pueda tener en su salud. 

Para nosotras es importante que se pueda problematizar el uso de la objeción de conciencia por parte de grupos antiderechos y hacer un análisis de por qué el aborto es el único procedimiento médico en el que se objeta. Queremos repensar cómo es que también la objeción podría usarse para facilitar que las personas ejerzan sus derechos, aludiendo a la congruencia entre las creencias personales y la ética de quienes trabajan a favor de los derechos de las personas.

¡La libertad de conciencia no es un terreno que le pertenezca a lxs antiderechos! Nos pertenece a todes como parte de nuestra individualidad. Nuestros valores y creencias también están del lado de los derechos y de la justicia social, abriendo paso a la construcción de espacios de cuidado y respeto, de la escucha de cada experiencia y de las comunidades que respetan y acompañan a quienes decidimos abortar